Caso en el que se ven implicados dos jueces tachirenses y el asesor jurídico del Psiquiátrico de Peribeca, fue radicado en Caracas. (Foto: Referencial)

Diario La Nación.- Con la decisión de libertad plena para el director del CPO, quien había sido detenido preventivamente en una situación que hasta el momento se ha presentado confusa para la mayoría, el caso en el que se ven implicados dos jueces tachirenses y el asesor jurídico del Psiquiátrico de Peribeca, fue radicado en Caracas.

La información la reveló una fuente tribunalicia, la cual explicó que el Tribunal 37 de Control del Área Metropolitana de Caracas, instancia que conoce de la causa, decretó la privativa de libertad a la jueza Araujo y  al consultor jurídico, de apellido Galindo.

Junto a la jueza y el abogado, también involucran en esta supuesta intentona de liberar a  William David Colmenares, ya condenado a 19 años de prisión por narcotráfico, al juez Molina, actualmente evadido de la justicia, de quien solicitaron las autoridades venezolanas ante Interpol, se activara alerta roja para su captura.

Si bien, allegados a los tres  implicados argumentan que se trató de una medida humanitaria para el recluso ya sentenciado, que se apegaron a la Constitución y las leyes, hay quienes señalan que en realidad allí privó la complacencia para Colmenares.

Recientemente, en una rueda de prensa, el gobernador  José Vielma Mora  sacó  a la luz pública este caso, ya reseñado someramente el día anterior en este rotativo.

Explicó en esa oportunidad que lo que se investigaba era la presunta facilitación que hicieron estos dos jueces y el abogado del psiquiátrico para hacer pasar por enfermo mental a Colmenares, quien permanecía en el CPO, para lograr que lo internaran en el siquiátrico.

Pero que cuando se descubrió todo esto, Colmenares ni siquiera estaba en el psiquiátrico, sino internado en la Policlínica Táchira, donde aún permanece, bajo custodia militar.

“Colmenares fue detenido en Peracal el 5 de agosto de 2014, con 27 kilos de cocaína y marihuana. Al día siguiente, el 6 de agosto, el Tribunal Primero le declara la detención y lo priva de libertad, quedando recluido en San Antonio del Táchira. Posteriormente admitió los hechos y lo condenaron a 19 años de cárcel.

Pero el 3 de agosto de 2016 la jueza tercera de Ejecución, B. Araujo, quien ya está presa en el Comando de Zona 21, revisa el caso y empieza a maniobrar para que admitan que Colmenares está loco, que tenía un problema psicológico, que podía atentar contra su vida, y que debían llevarlo a un centro psiquiátrico”.

Esto fue con la presunta complicidad del asesor jurídico del psiquiátrico de Peribeca “Dr. Raúl Castillo”, el doctor Galindo –agregó– a quien también tenemos detenido,  hizo todo lo posible para que la solicitud de Araujo se cumpliera. Incluso le practicó a Colmenares exámenes psiquiátricos, para decir que estaba loco. Habló con la Defensa Pública, y en agosto la jueza Araujo decreta la suspensión de la pena y su reclusión en el psiquiátrico. El 15 de diciembre ordenó que lo trasladaran del CPO a ese centro.

“Jesús Márquez, director del CPO, niega el traslado, y la jueza ordena su reclusión, sin notificar siquiera a la Fiscalía del Táchira, quien  debe apelar tal decisión. Pero  comenzó el receso judicial de diciembre. El abogado D. Molina, quien es juez penal y está fugado, ordenó la ejecución, vía amparo, desacatando la decisión del tribunal. Y amenazó a la Guardia Nacional que se negaba a hacer el traslado. Ahora está huyendo”.